Los correos electrónicos no serán investigados por la autoridad francesa para la difusión y la protección de los derechos en Internet (Hadopi) ni por la Justicia en los casos relacionados con las descargas 'ilegales'.
Así lo ha decidido la comisión de asuntos culturales de la Asamblea Nacional, que en el nuevo texto sobre la piratería en Internet ha adoptado una enmienda para excluir la supervisión de los 'e-mails', una posibilidad que levantó la polémica esta semana.
El proyecto de ley, debatido en el Senado el 8 de julio, será examinado por en la Asamblea Nacional a partir del próximo día 21.
El Gobierno ha presentado este nuevo texto después de que el Consejo Constitucional frenara el pasado 10 de junio el proyecto que implicaba un poder para las autoridades para poder sancionar las descargas 'ilegales' con la suspensión de la conexión a Internet hasta un año.
El Constitucional argumentó que sólo las instancias judiciales, no una simple autoridad administrativa, pueden dar de baja el contrato de un usuario culpable de 'piratería'.
El nuevo proyecto de ley modifica el texto censurado y permite al organismo Hadopi recurrir a la Justicia una vez demostradas las infracciones.
Así lo ha decidido la comisión de asuntos culturales de la Asamblea Nacional, que en el nuevo texto sobre la piratería en Internet ha adoptado una enmienda para excluir la supervisión de los 'e-mails', una posibilidad que levantó la polémica esta semana.
El proyecto de ley, debatido en el Senado el 8 de julio, será examinado por en la Asamblea Nacional a partir del próximo día 21.
El Gobierno ha presentado este nuevo texto después de que el Consejo Constitucional frenara el pasado 10 de junio el proyecto que implicaba un poder para las autoridades para poder sancionar las descargas 'ilegales' con la suspensión de la conexión a Internet hasta un año.
El Constitucional argumentó que sólo las instancias judiciales, no una simple autoridad administrativa, pueden dar de baja el contrato de un usuario culpable de 'piratería'.
El nuevo proyecto de ley modifica el texto censurado y permite al organismo Hadopi recurrir a la Justicia una vez demostradas las infracciones.
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